Ocosingo, zona del silencio

El silencio, lo más difícil cuando se busca respuesta.

El próximo 26 de Octubre, las autoridades Ejidales del Avellanal, Mpio. de Ocosingo, Chiapas, han manifestado la intención de que si las 6 familias evangélicas no renuncian a su fé, destruirán sus viviendas y los expulsarán de la Comunidad. De acuerdo al escrito que enviaron a la Delegación de Gobierno del Estado de Chiapas, manifiestan que son 10 comunidades que están de acuerdo con ello y que como son Municipio Autónomo, ellos pueden hacer lo que quieran y que el “Mal gobierno” no puede intervenir en sus decisiones.

El Gobierno del Estado de Chiapas, le ha temblado la mano para aplicar en Estado de Derecho, aunque mantienen la convivencia con el “otro gobierno, el autónomo” no han podido generar acciones que permitan que la paz y la convivencia en la comunidad sea una realidad, sobre todo la observancia de los derechos humanos y los derechos como mexicanos.

Adicionalmente las Juntas de Buen Gobierno, han manifestado que ellos no se involucran en problemas de intolerancia religiosa, permiten la convivencia entre diversas religiones porque en sus militantes así lo permiten; por lo tanto, se deslindan de toda acción que algunos militantes escudados en el nombre de ellos, esté realizando discriminación e intolerancia religiosa en las comunidades que pertenecen a los municipios autónomos.

Entonces la pregunta es, tenemos que recurrir a los gobiernos autónomos para el establecimiento del estado de derecho en las comunidades en donde hay conflictos religiosos? En donde queda el Gobierno Constitucional?

Aunque las autoridades lo desmientan, funcionarios municipales y estatales “recomendaron” que los afectados recurran a la Junta de Buen Gobierno que le corresponde en la zona para buscar apoyo y una solución para el problema debido a que “con ellos no pueden hacer mucho”, es muy difícil tratar con este tipo de comunidades “no nos respetan”.

Este 26 de Octubre de 2013 como hemos mencionado, existe la amenaza de que si los Evangélicos no renuncian a su fe, serán destruidas las casas y expulsadas las familias. El gobierno no garantiza medidas cautelares y precautorias aunque se solicitaron, esperan una “autorización” de sus superiores, a pesar de estar en riesgo las pertenencias y las vidas mismas de los Evangélicos; las mismas autoridades "solicitan” que la Iglesia Evangélica de otros lugares pueda hacer algo para atender a los afectados, evadiendo de esta manera su responsabilidad ante tales eventos.

Las políticas de Gobierno no han funcionado, o quizá sean los funcionarios que fueron “sacados de la manga” para ocupar puestos de trascendencia los que no tienen idea de lo que deben de hacer o hasta donde llega su capacidad y responsabilidad.