Chiapas, a punto de terapia intensiva
Chiapas, a punto de terapia
intensiva.
Foto de Archivo CoC. |
A pesar del tiempo que ha pasado y después de muchos ofrecimientos de parte de autoridades de diversos niveles
de Gobierno del Estado de Chiapas para la solución de los conflictos, la
Intolerancia Religiosa no ha superado la operatividad de funcionarios para mantenerse
en condiciones “limpias” en este rubro, buscando solamente la administración de
los problemas surgidos sin mucho ruido, sin mucho desgaste, sin mucha
responsabilidad y sin sensibilidad humana.
Sin embargo los recuentos
son muchos, en diversos municipios y de diversos tipos; desde las amenazas, los
cortes de agua, cortes de luz, retenciones ilegales, multas injustificadas,
intentos de asesinato, suspensión de servicios de salud, de comercio entre
otros derechos que tienen los ciudadanos suspendidos por “autoridades locales”
que, basados en los usos y costumbres y con el apoyo de las autoridades
cercanas, han generado una crisis social en varias comunidades que consideran
que “tienen el derecho” de considerar a otras personas en igualdad de condiciones,
como ciudadanos sin derecho.
Las violaciones a acuerdos
internacionales, a derechos constitucionales y la comisión de una serie de
delitos tanto menores como tipificados, no han sido suficientes para que el sistema
judicial mexicano demuestre ser eficiente e independiente del ejecutivo; cada
acción judicial, demanda presentada, carpeta de investigación iniciada, siempre
espera “instrucciones” de jefes superiores para hacer lo correcto y, en su caso
por conveniencias del gobierno en turno, seguir realizando lo incorrecto, lo
indeseable, generando cada día más corrupción e impunidad evitando que los
casos puedan ser consignados a los jueces quienes han declarado que no reciben
ninguno de estos temas de Intolerancia Religiosa.
Quedan muchas preguntas en
el aire y muchas de ellas solamente tienen respuestas en el Ejecutivo, ni las
Fiscalías podrán responder debido que no está a su alcance la respuesta por no
tener la capacidad de decisión en los asuntos que tienen en sus manos.
No es
suficiente evidencia el hecho que en lugar de iniciar una carpeta de investigación
ahora los fiscales prefieren realizar un registro de atención? Porqué los
delitos siempre son calificados como menores? Cuál es la razón de la miopía de
las autoridades cuando no se dan cuenta que cada hecho violento en una
comunidad contra de grupos religiosos no atendido con justicia, genera siempre
otro en comunidades cercanas? Porqué los grupos que interesa posicionar y que
son los que agreden a los grupos Evangélicos reciben apoyo de diversas
instituciones gubernamentales para hacer ver a los grupos minoritarios como
desobedientes y lograr el objetivo de hostigarlos buscando que renuncien a su
fe?
Podemos seguir con las
preguntas, pero no teniendo interlocutor válido, no tienen sentido; sin embargo
siguen los casos sin resolver, las denuncias sin instrucciones para avanzar,
las solicitudes al ejecutivo para atender urgencias humanitarias sin respuesta
y los organismos defensores de Derechos Humanos con una mano blanda, una mano
que quizá no puede actuar por la enfermedad de calentura, una calentura llamada
2018.
Válido o no, quizá la
calentura llamada 2018 ha impedido el avance de nuestros gobiernos hacia una estructura
de justicia, de igualdad, de respeto, de tolerancia, de crecimiento, de
convivencia, de todos estos términos que los políticos promueven y están
inmersos en sus discursos que ahora cada día los vemos más frecuentes pero
también más lejos de la realidad en la que vivimos. Aunque no solo los políticos
mantienen este discurso, también sus aliados, aquellos que se prestan para
decir que las cosas están en calma, que los problemas fueron en épocas pasadas
fingiendo demencia de lo que actualmente sucede en nuestras narices, tal vez
por temor o por beneficios adquiridos.
Recientemente se ha
reportado la comisión de delitos vinculados a la Intolerancia Religiosa en
varios municipios en agravio de grupos Cristianos Evangélicos, se han firmado
minutas ilegales y se incluyen cláusulas que no deben de divulgar a terceros
los acuerdos llegando a amenazarlos de invalidarlos; esto no es por el
cuidado de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales, sino porque dentro de los acuerdos se siguen violando
los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si la intención es cumplir la
Ley, que se aplique el derecho a tener la religión que más le convenga a cada
ciudadano, pero no es así, esa ley no es aplicada, no es difundida, no es
cumplida.
Los grupos que se cobijan
bajo los usos y costumbres seguirán siendo manipulados y usados para intereses
ajenos a ellos, no se dan cuenta, les hacen creer que son los que tienen la
razón y al final abonan a este desmoronamiento social de corrupción e
impunidad.
La violencia ha
permeado en diversos sectores, el religioso no es la excepción; las agresiones a
los grupos evangélicos minoritarios cada día suben de tono y esperamos que las autoridades
de los diversos niveles de Gobierno puedan reaccionar a tiempo.- Luis Herrera,
CoC, VDLM, M21Gramos.-000
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